Más de 1.700 familias se acogen a las medidas de la Junta para sus viviendas

Un total de 7.128 familias se han acogido a las medidas aprobadas por la Junta de Castilla y León sobre el alquiler y la hipoteca de las viviendas protegidas de promoción pública de la Comunidad y que finalizan este mes al decaer el estado de alarma. Además, a partir de agosto, tendrán que afrontar de forma aplazada y sin intereses el pago del 50 de la renta de alquiler no abonada desde marzo y la totalidad de las cuotas de amortización.

Ante la pandemia del COVID-19 y la paralización de la actividad económica, la Junta aprobó por decreto ley una serie de medidas en materia de vivienda para que ninguna familia pasara apuros al tener que hacer frente al alquiler o la hipoteca de una VPO. Por ello, facilitó su pago con moratorias a través del Decreto-Ley, convalidado en abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León.

Entre marzo y junio, las facilidades han permitido a estas 7.128 familias no tener que pagar la hipoteca o la mitad del alquiler. Sin embargo, a partir de julio las facilidades decaen al no estar vigente el estado de alarma, pues se establecía como plazo este periodo o el 14 de julio en cualquier caso. Un mes después, en agosto, los beneficiarios tendrá que hacer frente a lo no abonado en diferentes plazos.

Por un lado, las personas con un contrato de alquiler de vivienda con la Junta han podido disfrutar de una rebaja del 50 por ciento en la renta de alquiler que tenían que abonar. Esta condonación, aplicado entre marzo y junio, no la tendrán que pagar en ningún caso, mientras que la otra mitad la abonarán a partir de agosto, durante los tres años siguientes.

Además, las personas o familias que compraron una vivienda a la Junta de Castilla y León han podido aplazar el pago de la cuota de amortización de los meses de abril a junio. Las cuotas no abonadas se repartirán a partir del mes de agosto, sin intereses, en los tres años siguientes.

Ayudas extraordinarias

Por otra parte, la Junta convocó en mayo con un presupuesto global de 5,4 millones de euros una nueva línea puntual de ayudas al alquiler para personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad que, como consecuencia del COVID-19 tuvieran dificultades transitorias para pagar su contrato de alquiler o para devolver los préstamos puestos en marcha por el Gobierno de España.

Esta línea establecía una ayuda de hasta cuatro mensualidades de renta (entre abril y septiembre de 2020), hasta un máximo de 500 euros por mes, o hasta 2.000 euros en el supuesto de haber accedido a las ayudas estatales en forma de microcréditos.

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