La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio construirá 1.295 viviendas de 60 metros cuadrados en 12 promociones, con una inversión de 115 millones (54,4 de ellos procedentes de los fondos Next Generation), con el objetivo de impulsar la política del alquiler en la Comunidad para menores de 35 años, en el denominado modelo autonómico ‘cohousing’.
El titular de la Consejería, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que esta semana profundizó en su programa de gobierno para esta legislatura, detalló que se trata de viviendas en bloque en áreas urbanas, con una superficie útil en torno a 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, dos baños, salón y cocina, de consumo energético “casi nulo”, y que se construirán en terrenos dotaciones cedidos por los ayuntamientos.
“Estas promociones buscan facilitar la independencia de jóvenes con un primer trabajo, en espacios en que compartirán elementos comunes como aparcamientos, zonas de vending o lavandería, que mejoran su autonomía, la convivencia y se adaptan a los nuevos requerimientos de esta franja de población”, defendió.
Para ello, anunció la modificación de la normativa urbanística para “flexibilizar” los usos hasta ahora admisibles en los terrenos clasificados como dotacionales, en muchas ocasiones, “los únicos que en la actualidad detentan las administraciones públicas y que tras décadas no han sido destinados a ese uso, dando cabida en ellos a la construcción de viviendas protegidas colaborativas para el alquiler de nuestros jóvenes”.
Esta medida es una de las novedades que Suárez-Quiñones integró en su comparecencia en materia de vivienda, una política, dijo, que en la legislatura absorberá 212 millones para ampliar el parque público de viviendas de la comunidad en casi 2.400 nuevas, procedentes tanto de la rehabilitación, de la compra o de la promoción pública y con especial interés a la vivienda en alquiler para jóvenes.
Por ello, se promoverán al menos 475 viviendas en el medio rural, para incrementar, con 53,5 millones, el parque público en venta. Se ejecutará a través de la empresa pública Somacyl. Además, se incrementará, con 158,4 millones, el parque público en alquiler en 1.906 viviendas más, hasta llegar a más de 4.600 procedentes de la rehabilitación de viviendas de camineros y de viviendas en desuso en el medio rural, así como de la construcción o la adquisición de viviendas, a la Sareb, a particulares, o por ejercicio del derecho de tanteo.
Suárez-Quiñones realzó el “carácter social” del derecho a la vivienda, bajo el paraguas del Diálogo Social, y enumeró otro tipo de medidas como la reducción del 20 por ciento del precio de compra de las viviendas de promoción pública para jóvenes de hasta 35 años, preferentemente en municipios del medio rural; una línea de avales de hasta el 20 por ciento de la hipoteca en función de los ingresos y el precio de la vivienda; mejora de las condiciones de las ayudas al alquiler para este colectivo; convocatoria de ayudas con cargo al Bono de Alquiler Joven y fomento de la promoción de vivienda protegida colaborativa, esto es, hogares independientes pero con zonas comunes, sufragando de manera compartida los servicios básicos.
Programa Rehabitare
Además, se impulsará el programa Rehabitare (se prevé rehabilitar 300 inmuebles en la comunidad). El consejero se ha comprometido también a mejorar las condiciones de las ayudas ‘ordinarias’ al alquiler, con un incremento del 10 por ciento para todos los beneficiarios que cubra hasta el 50 por ciento de la renta de alquiler, frente al 40 por ciento actual, y anunció dos nuevos programas de ayuda para los más vulnerables: para las víctimas de violencia de género, de sinhogarismo o de desahucio, que se canalizarán a través de las entidades del tercer sector; y el segundo programa, para ayudar a arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida que no pueden afrontar el pago de su renta de alquiler. El coste estimado de cada uno de estos dos programas es de 2,6 millones de euros.
Por último, señaló que el objetivo de esta legislatura “es mucho más ambicioso, hasta lograr incrementar exponencialmente la rehabilitación edificatoria”. Los retos concretos que ha enumerado se cifran en 17 millones de euros para ejecutar 11 áreas de regeneración urbana ya aprobadas, con 1.352 viviendas. Asimismo, 48,4 millones en ayudas procedentes de los fondos europeos para la regeneración de barrios de Castilla y León seleccionados en función del grado de vulnerabilidad social para “convertirlos en entornos residenciales más amables”. En este punto también incidió en la convocatoria de subvenciones para incentivar la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas.