El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió este viernes en Palencia la necesidad de dotar al medio rural de políticas de vivienda, desde programas de rehabilitación y regeneración urbana, para contribuir a “fijar población en esos núcleos de población dentro de la lucha contra la despoblación”. Así lo recalcó hoy en el Obispado palentino, donde suscribió un convenio para incorporar viviendas ubicadas en el medio rural propiedad de la Iglesia al Parque Público de Vivienda de la Junta de Castilla y León.
La colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Obispado, que nace con una vigencia de cuatro años quiere facilitar «la puesta a disposición de las familias de entornos rurales”. Con la firma de este protocolo, Junta y Obispado de Palencia coincidieron en el interés de utilizar esas viviendas en régimen de alquiler social para facilitar el acceso a personas que “por su situación personal, social o económica no pueden tener acceso a una vivienda en el mercado libre”.
Las viviendas que se incorporen están localizadas en pleno casco urbano y contarán con todo tipo de servicios, por lo que se optimizan las infraestructuras existentes a la vez que se evita el deterioro del patrimonio inmobiliario de los diferentes núcleos rurales. Una vez firmado el protocolo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente estudiará las opciones propuestas por el Obispado y comprobará las características de las viviendas propuestas para redactar las memorias de las obras de rehabilitación necesarias para cada una de ellas.
El acuerdo suscrito hoy entre las dos instituciones podrá ser prorrogable por otros cuatro, y para garantizar su cumplimiento se creará una comisión de seguimiento con representantes de Junta y Diócesis, según explicó el consejero.
Este es el tercer convenio que firma la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con representantes de la Iglesia Católica para trabajar “conjunta y coordinadamente” para facilitar el acceso a una vivienda “digna y adecuada”, atendiendo a situaciones difíciles, especialmente en el medio rural, y que se suma al resto de iniciativas que está llevando a cabo la Administración autonómica, como el programa ‘Rehabitare’ que desde 2016 hasta la actualidad ha ofrecido cerca de 110 viviendas en alquiler.
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios. Para ello, la Junta de Castilla y León ha creado un Parque Público de Vivienda en alquiler, entendido como servicio público de interés general, que ha complementado con una ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas. Un programa que, en el caso de viviendas asignadas para personas en riesgo de exclusión social u otras situaciones de emergencia social, se ejecuta conjuntamente y coordinadamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
El Parque Público de Vivienda en Alquiler de la Junta de Castilla y León dispone ya de más de 1.780 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.
